La crisis judicial dejó de ser un conflicto de algunos jueces y fiscales, del ministro público Edmundo Jiménez y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Desde esta semana y como consecuencia de la divulgación de las iniciativas de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), la crisis incumbe e involucra a la judicatura en su conjunto. Y esa preocupación general de a poco se manifiesta: ayer, 14 jueces de Concepción solicitaron la convocatoria de una asamblea extraordinaria para discutir la remoción de la Comisión Directiva del gremio. En paralelo, al menos 11 magistrados salieron de la AMT en señal de disconformidad con la denuncia penal que la entidad había articulado este lunes contra Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales de la Corte. Entre los dimitentes está Sergio Gandur, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo e hijo de Antonio Gandur, titular de la Corte.

Las reacciones

Interlocutores del centro judicial de Concepción relataron que un grupo de jueces irritados con el proceder de su presidente, el defensor oficial Roberto Paz, barajaban dar el portazo al gremio. Finalmente, se impuso la propuesta de escribir la nota que este mismo jueves remitieron a la AMT y a la Corte. Además de instar la convocatoria urgente de una asamblea extraordinaria, ese documento impugna la denuncia contra Lezana Flores. Según el sector que impulsó la presentación, el estatuto no faculta a la entidad para actuar como actuó. “La denuncia que aquí cuestionamos resulta notoriamente ajena a los fines de la asociación (...) En consecuencia, Paz se excedió en forma grosera (...) por lo cual expresamos nuestra más profunda disconformidad, desconocimiento y no ratificación”, expresa el texto. Los jueces firmantes pusieron en duda la legitimidad de las autoridades para acusar a un funcionario en sede penal: sucede que la cúpula gremial pidió la apertura de la investigación preparatoria al fiscal de turno, Diego López Ávila, sin llamar a asamblea. Esta decisión, sumada a una presentación en la Corte para remodelar el Cuerpo de Auditores y detener las auditorías de “reacción inmediata”, habría sido consensuada a fines de la semana pasada entre Paz y algunos dirigentes de los Tribunales penales.

La presentación del sur fue firmada por integrantes de todos los fueros. Entre otros jueces, estamparon su rúbrica Elena del Tránsito Grellet, Mirtha Ibáñez, Reymundo Bichara, José Garzia, Ana Sofía Romero, Cecilia Tasquer, María José Posse, Malvina Seguí, María Isabel Bravo y Eduardo Dip Tártalo. “Hacemos reserva de presentar oportunamente la renuncia en el caso de que no se rectifique lo actuado y no sea removida la Comisión Directiva”, anticiparon.

La AMT había planteado en sede penal que Lezana Flores habría cometido delitos durante la auditoría de una serie de causas del fiscal Guillermo Herrera objetadas por el Colegio de Abogados de la Capital: “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Jorrat”, “Rigourd” y “Valdez”. El gremio manifestó en su acusación que el funcionario de la Corte habría violado el deber de confidencialidad y adjuntó tres publicaciones de este diario referidas a la cobertura de la crisis judicial. Uno de esos textos de archivo divulga el acta que confeccionaron Lezana Flores; los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto, y Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia, mientras intentaban fiscalizar las actuaciones de Herrera. Dicho documento indica que Jiménez les había advertido “que podrían tener problemas” si leían a fondo los expedientes y que no se excusaría pese a que en el caso “Teves-Albarracín” intervenían sus hijos, Ana Lucía Jiménez y Edmundo Javier Jiménez.

Como consecuencia de tal auditoría, la Corte dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Herrera, cuya dirección quedó a cargo de la fiscala Juana Prieto. Tanto el fiscal cuestionado como la AMT sostienen que las fiscalizaciones “de reacción inmediata” -que tienen origen en una denuncia- lesionan la independencia judicial.

“En momentos en los que la sociedad reclama una mayor calidad institucional, leo con sorpresa que la AMT ha formulado una denuncia penal contra auditores del Poder Judicial”. De ese modo comienza la dimisión que Gandur (h) envió el miércoles a su gremio. El texto incluido en esta página expresa asimismo que la publicidad de los actos y el control de los agentes estatales hace a la esencia de la república. “Formular una denuncia (...) con tecnicismos que no comprende la mayor parte de la población conspira contra la transparencia y se muestra como un intento de ocultar la actuación de los agentes públicos”, dijo Gandur (h).

Con matices y variantes, al menos otros 10 colegas de ese camarista formalizaron su alejamiento de la AMT. Según se supo, la ola de renuncias incluye a Víctor Manuel Pérez, Ebe López Piossek, Carlos Courtade, Gisela Fajre, Ana Cecilia Pizzicannella, Arnaldo Alonso, Elena Olga Gasparic, Alicia Ruiz de los Llanos, Susana Lemir Saravia y Raúl Moreno. López Piossek, que es compañera de sala de Gandur (h), pone fin a una militancia gremial de dos décadas (fue tesorera, secretaria y en 2008 perdió la presidencia por cinco votos), y Pizzicannella deja vacante una vocalía suplente en la Comisión Directiva.

Con la excepción de Pérez, que es el único representante del fuero penal, los demás magistrados trabajan en el edificio de la calle 24 de Septiembre y ocho de los dimitentes pertenecen al fuero de Documentos y Locaciones, ámbito que, por sus niveles de eficacia y de celeridad, el presidente de la Corte había elogiado en una entrevista publicada en febrero.

Otros miembros del comité directivo informaron en off the record que decidirán si se quedan o se van este lunes, después de la reunión de autoridades de la AMT. Antes de la crisis judicial, esta entidad tenía 170 afiliados (entre activos y pasivos). El año pasado, la Asociación no pudo celebrar elecciones porque sus papeles no estaban en regla.

Comunicado de la asociación
Según Paz, la institución no defiende a nadie en particular y brega por la independencia

Roberto Paz, defensor oficial y presidente de la Asociación de Magistrados de Tucumán, envió a este diario un parte de prensa que ratifica que las acciones desplegadas por la entidad obedecen a la protección de la independencia interna de los magistrados sin que ello implique una defensa personal o de un juez, fiscal o defensor en particular. Paz, que se encuentra afuera de la provincia, reiteró además que la entidad había cuestionado el actual sistema de auditorías en distintas oportunidades en el pasado, sin obtener respuesta alguna por parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. “La AMT no se opone a la implementación de auditorías preventivas reguladas adecuadamente sino que rechaza en forma categórica las llamadas auditorías de reacción inmediata, que constituyen un sumario irregular encubierto”, matizó.